Reimpulso de ley sobre transgénicos
¿Algo nuevo o más de lo mismo?
Acaba de ingresar al Congreso una propuesta para regular los vegetales genéticamente modificados. Sus críticos dicen que repite el discurso de proyectos fallidos. Mientras tanto, adeptos y detractores desglosan, defienden y atacan, punto a punto, los temas sensibles de la iniciativa.
Martina Salvo de Oliveira
Un productor de semillas de maíz convencional mira cómo, dos campos más allá, su vecino cultiva semillas de maíz transgénicas para exportación. Siente temor y envidia. Temor de que su campo se contamine por polinización cruzada. Envidia porque la producción del vecino parece más resistente. Él desconoce la regulación, las trabas y ni siquiera tiene claras las diferencias entre un cultivo tradicional y uno transgénico. Esas aprensiones y desconocimientos, que se replican en distintas esferas, buscan esclarecer y regular la propuesta sobre vegetales genéticamente modificados, VGM, ingresada el 3 de marzo para discusión en el Congreso.
Aunque para algunos no tiene mucha opción de materializarse porque está elaborada en base a una entrampada moción parlamentaria del 2006, da pie para evaluar sus puntos críticos y qué tópicos debieran confrontarse en el Congreso. El etiquetado, la divulgación de dónde están los campos que trabajan con organismos genéticamente modificados, OGMs, en el país y la autorización para que la producción se venda en el mercado nacional, son solo algunos de los puntos sensibles.
Al contrario de lo que muchos piensan, no se trata de permitir por primera vez el cultivo de transgénicos en el país. La realidad es que hace rato se vienen cultivando, bajo resoluciones del SAG, para la reproducción de semillas de exportación. De hecho, en los últimos siete años el 72% de las exportaciones de semillas de maíz que salieron del país fueron de OGM, y Chile cuenta con alrededor de 20 mil hectáreas para su producción.
El gran cambio que se podría dar, si la propuesta se convierte en ley, es la autorización para que lo que se produce en Chile pueda ser comprado y cultivado en el país. Porque en la actualidad un agricultor no puede sembrar semillas transgénicas, con la excepción de la reproducción. Contradictoriamente, sí se importan OGMs para alimentar animales o incluso en preparados alimenticios para humanos.
"Lo que pasa es una especie de esquizofrenia que hoy depende de la discrecionalidad de la autoridad de turno", sostiene Jorge Gatica, director de Ingeniería Civil en Biotecnologías de la Universidad San Sebastián.
La propuesta vendría a llenar al menos en parte ese vacío; pero no todos los sectores consideran que representaría una solución.
Mientras sus promotores arguyen que haría a Chile más competitivo frente a países productores de transgénicos como Brasil y Argentina, los detractores reclaman que, legislar sobre ello sería equivalente a abrir de sopetón las puertas a la contaminación de los cultivos tradicionales y restar competencia en regiones que le hacen el quite, como la UE.
Ambientalistas, productores, académicos, técnicos y políticos, desglosan, desde sus trincheras, la propuesta y la deuda pendiente que hay sobre el tema en el país.
Lo bueno...
Transparencia
Algunas empresas que producen semillas transgénicas y el Consejo de la Transparencia están en una disputa en tribunales. La razón: las primeras no quieren dar a conocer dónde se sitúan sus campos por temor a que grupos ambientalistas atenten en sus plantaciones, como ha ocurrido en países que tienen autorizados esos cultivos.
La propuesta sobre VGM que está en el Congreso acoge el derecho de conocer esa información.
"Se podrá saber dónde está el campo, quiénes son los dueños, qué tipo de cultivos tiene y sus características", sostiene el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea.
El punto es uno de los más controversiales del proyecto, al punto que incluso sectores a favor de legislar, no lo apoyan.
"La propiedad intelectual y el secreto industrial deben ser respetados", sostiene Mario Schindler, gerente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Semillas.
Más competitividad
Los eventos transgénicos implican un menor uso de agroquímicos; por ejemplo, un maíz resistente a un determinado insecto no necesitaría aplicaciones de químicos para controlarlo. Además, los transgénicos de segunda generación, que tienen que ver con la adición de genes que agregan valor (por ejemplo, que fortalecen el cultivo frente a problemas climáticos como la sequía, le aportan omega 6 u otros compuestos nutricionales), pueden implicar disminuir el uso de insumos, evitar pérdida de rendimientos o de cosechas ante una sequía, una inundación o la salinidad del suelo, o mejorar las condiciones nutricionales de un alimento.
Pero para evitar eventuales cierres de mercado, contaminación o riesgos de pérdida de patrimonio, los expertos llaman a evaluar los eventos caso a caso, en especial para cultivos que pueden contaminarse por polinización cruzada como el raps o el maíz.
Participación ciudadana
La nueva propuesta pretende levantar una plataforma web donde se publicará cada vez que un agricultor pida permiso para producir transgénicos. Frente a esa información cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular sus reparos on line. El SAG deberá considerar las observaciones antes de dar la autorización definitiva. Eso sienta precedentes sobre la forma, hasta ahora reservada, como se ha enfrentado el tema.
Lo malo...
Proyecto "enchulado"
Hay varias mociones parlamentarias que se han presentado sobre los OGMs. Una de las más populares fue discutida en 2006 y presentada por los senadores Eduardo Frei, Andrés Allamand, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina y Fernando Flores. Es la misma que, "enchulada", ingresó el 3 de marzo al Congreso Nacional. Por el "reciclaje", algunos desconfían de su llegada a puerto.
"Ya antes quedó entrampada por lo cual debería tender a lo mismo", indica Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram.
Algunos más radicales, pese a estar a favor de los transgénicos, ni siquiera ven con buenos ojos la opción de legislar.
"No sé si una ley sea necesaria para este asunto que, hasta ahora se ha regulado con normativas SAG", explica Pablo Valenzuela, director de la Fundación Ciencia para la Vida y experto en transgénicos.
Desde el Gobierno defienden con uñas y dientes la propuesta.
"Nuestra indicación llena un vacío que tenía la moción anterior en materia de la institucionalidad y fiscalización", explica Galilea.
La deuda del etiquetado
Otro tema sensible tiene que ver con el etiquetado de los productos. En esa materia el proyecto no innova ya que mantendría la no obligatoriedad de etiquetar.
"No es fácil de ver si un producto ha sido objeto de modificación genética. Una postura intransigente sobre esto podría frenar la comercialización?", defiende el ministro de Agricultura.
Sanciones insuficientes
La nueva normativa plantea sanciones de $ 19 millones en caso de infracciones, tales como incumplir medidas de bioseguridad o adulterar información. Para algunos son montos tibios en comparación con la rentabilidad del negocio.
Lo feo...
La Falta de información
De los transgénicos se ha dicho de todo. Que son cancerígenos, alergénicos, que destruyen la biodiversidad, que utilizan más agroquímicos. La realidad es que los transgénicos están rodeados de mitos y, sin embargo, cuentan con cientos de estudios que hasta ahora no han podido demostrar que las pestes anunciadas sean reales. Lo que es grave es que en torno a la herramienta y sus impactos prácticamente no se sabe nada. Según un estudio de la Universidad de Santiago de Chile, el 80% de la población del país no sabe qué son los transgénicos.
"Existen los que están a favor y los detractores, pero lo que se requiere es tener un debate informado, es la única forma de avanzar", indica el senador Alberto Espina, quien además preside la Comisión de Agricultura del Senado.
Biodiversidad y seguridad
Para algunos, antes de poner el acelerador en el tema, hay que cumplir otras etapas. "Falta la ratificación que regula el movimiento fronterizo de transgénicos y una mayor protección de la biodiversidad de flora y fauna", sostiene Flavia Liberona.
La fundación Sociedades Sustentables denunció que el proyecto elimina el requerimiento de estudio de impacto ambiental, da aprobación casi automática a propuestas de uso controlado y libera la producción en el país. El llamado es a precisar esos temas para que no se de espacio a futuras malas interpretaciones.
Contaminación de cultivos Un tema candente es el de la contaminación cruzada. La posibilidad de que exista es real, aunque hay que hacer distingos. Por ejemplo, en el caso de la remolacha, al ser bianual no hay riesgo. Distinto es el caso del raps y maíz. Por ello lo clave tomar resguardos. Los países que los tienen autorizados establecen normas de convivencia.
"Hay medidas de bioseguridad que minimizan los eventuales riesgos de contagio de una plantación con otra, como las barreras cortavientos", explica Ema Budinich, gerenta de estudios de la SNA.
Promover fórmulas claras sobre cómo enfrentar esto, es, hasta el momento, una deuda por cumplir.
Monopolio: Minagri y SAG
Los sectores ambientalistas lamentan que para el levantamiento de la propuesta no se los incluyó. También creen que la visión de Medio Ambiente y de Salud pesó poco. "Se hizo sin discusión de organizaciones, ni productores orgánicos. Además es débil. Todo lo técnico está ausente. El otro tema es que Salud y Medioambiente quedaron un tanto marginados", sostiene Flavia Liberona.
Distinta es la opinión del ministro Galilea. "Salud y Medioambiente han estado desde la génesis del proyecto".
Confusión sobre transgénicos
Los alimentos transgénicos son aquellos a los que se les ha integrado un gen de otra especie para potenciar cualidades o eliminar debilidades. Pero no toda manipulación genética es transgénica. "Se pueden utilizar ciertas técnicas de biología y química. Por ejemplo, un tomate larga vida no conlleva insertar ningún gen de otra especie (transgenia), sino inactivar algún gen necesario para el proceso de maduración", explica Jorge Gatica.
OGMs en el mundo
Hace casi dos décadas que EE.UU. produce y consume transgénicos. Lo mismo sucede en Canadá y la UE ya los cultivan -el año pasado se realizaron las primeras plantaciones de papa Amflora en Alemania- y los consumen con etiquetado.
"Es una tecnología que está súper extendida, que llega a las 150 millones de hectáreas. Debemos aprender de quienes han avanzado, promoviendo la coexistencia de las agricultura convencional, orgánica y transgénica", remata J. A. Galilea.
